Colombia ha dado sus primeros pasos hacia la transición energética. En los últimos dos años el país ha adoptado nuevas políticas que identifican algunos de los retos de la transición y la dependencia hacia los combustibles fósiles. La Ley 2099 de 2021 y el Conpes 4075 de 2022 son ejemplos de las nuevas decisiones que, aunque con cuestionamientos, demuestran un esfuerzo desde lo político por generar marcos  legales en materia de transición energética, enfocados, particularmente, en avanzar la expansión de las energías renovables. 

A finales de 2022, la nueva administración de Colombia lanzó una estrategia que consiste en una serie de diálogos regionales, habilitando a diferentes actores para contribuir a la naciente hoja de ruta de la transición energética justa. Este esfuerzo, sin duda representa un paso en la dirección correcta hacia integrar el componente de participación en la transición energética que, idealmente, incluya a la mayor cantidad de actores para que sus contribuciones tengan eco en la hoja de ruta final. 

El equipo de SEI de Latinoamérica ha estado trabajando en diferentes regiones productoras de combustibles fósiles de Colombia para entender a profundidad las implicaciones de una transición energética justa. Los diálogos desarrollados por SEI en 2022, en colaboración con el Natural Resource Governance Institute (NRGI) en La Guajira y el Cesar, donde se concentra el 90% de la producción de carbón térmico del país, permitieron identificar algunas de las barreras para la transición en estos departamentos de Colombia. Los resultados de estos espacios contribuyen a entender cómo ven el panorama nacional actual algunas de las personas que vivirán directamente los impactos de la transición. 

¿Qué es una transición justa y quién la define?  

En todo proceso tener claridad sobre los conceptos puede influir en su éxito o fracaso. Tener una definición concertada de transición justa, e incluso de justicia misma, es quizá uno de los retos más grandes cuando se intenta avanzar en alejarse de los combustibles fósiles.  

Llegar a una definición unánime es complicado. Las realidades varían según los países o regiones y sus características. Sin embargo, se puede centrar el debate en una idea que reconozca las necesidades y perspectivas de todos; desde los trabajadores directos e indirectos asociados al sector, los gobiernos locales, regionales y el sector privado, hasta las comunidades, con especial atención a grupos vulnerables, mujeres, jóvenes y grupos étnicos.  

En términos generales, una transición justa trata de asegurar que los costos (sociales, económicos, culturales, ambientales) sean subsanados y los beneficios sean distribuidos equitativamente. Aunque haya visiones diferentes sobre qué constituyen esos costos y beneficios, una base necesaria para avanzar requiere convocar espacios de diálogo social participativos y representativos para concertar los mínimos aceptables e identificar las visiones, oportunidades y riesgos que se necesita gestionar para que la transición sea equitativa y justa. 

Empleabilidad y voluntades políticas para la transición

Quizá uno de los temas más complejos de resolver, a medida que avanza la transición, es la empleabilidad. La falta de sectores productivos alternativos que puedan ofrecer las mismas condiciones laborales en estas regiones es una barrera importante. A esto se le suma el reto de la voluntad y articulación política que impulsen los sectores económicos alternativos con agendas ambiciosas y claramente definidas en los documentos de planeación locales y regionales, apoyadas por los gobiernos nacionales y actores como la academia.  

Las barreras de empleabilidad, sectores económicos alternativos y de voluntad política están interconectadas; por eso requieren del trabajo colaborativo de múltiples sectores con un enfoque de responsabilidad compartida. El punto de partida para abordar estas barreras debe incluir las visiones del sector público y los afectados directos, sumadas a las del sector privado, para que pueda construirse colectivamente una nueva visión de desarrollo territorial más allá de la actividad extractiva. La articulación con la academia es clave para dar respuesta oportuna a la necesidad de oferta y demanda de mano de obra a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con los sectores económicos potenciales. Esto requiere la coordinación entre esfuerzos de capacitación tanto de la mano de obra vinculada al sector carbón, como a los jóvenes que son el futuro de la base laboral de la economía regional. Además, se requiere capacitar a las industrias potenciales y autoridades públicas para que apoyen a la innovación, absorción e integración de estos trabajadores actuales y futuros. 

Participación de todos los niveles 

Uno de los pilares de la transición justa es la participación de todos los implicados en ella, pero la participación es otro de los conceptos dónde es difícil lograr consensos respecto a cuándo es efectiva y real. Las conversaciones con los actores de la región han puesto en evidencia que aún hay mucho trabajo por hacer para lograr una participación efectiva y esta sigue siendo una barrera crucial para integrar el componente de justicia al proceso. La participación efectiva en la transición pasa por facilitar el acceso y uso a la información y educación de las comunidades para que puedan entender la realidad por la que pasan las regiones productoras hoy. Pero también es un proceso de habilitar espacios democráticos y seguros para construir confianza de parte y parte, y de también deconstruir desconfianzas desarrolladas durante décadas por múltiples razones. 

Lograr una participación efectiva puede ser un reto cuando las comunidades implicadas por la transición están en zonas de difícil acceso, viven con amenazas a sus vidas por alzar la voz, desconfían de las autoridades públicas y de la industria, o no tienen las bases para entender la necesidad de una transición y cómo participar en ella. Precisamente el primer paso para lograrlo es incluirlos, garantizar su seguridad para expresar libremente sus experiencias y perspectivas, que entiendan y puedan explicar la transición en sus términos, y esforzarse por garantizar la participación de comunidades vulnerables que usualmente no tienen la capacidad de asistir con sus propios medios a espacios oficiales de participación. Garantizar que no solo son consultados, sino que existen opciones y canales concretos para influir en las decisiones es también fundamental para mantener el interés y la vinculación activa de los directamente afectados.