Una transición justa hacia una nueva resiliencia económica y sostenible en América Latina y más allá

El desplome de la demanda y los precios de los combustibles fósiles en 2020 permitió a América Latina vislumbrar el doloroso impacto que probablemente tendrá la venidera transición energética para las economías que sigan dependiendo de estos combustibles frente al cambio. Cuando los precios repuntaron en 2021, muchos gobiernos que buscaban recuperarse del impacto de la pandemia en sus economías reforzaron sus compromisos con la minería, el petróleo y el gas como fuentes habituales de ingresos, en lugar de trazar un nuevo futuro.

En 2022, estas regiones no podrán avanzar si siguen haciendo lo mismo. América Latina y otras regiones que dependen de las industrias extractivas de combustibles fósiles no encontrarán una fórmula ganadora retrasando la transición o mirando hacia atrás. Deben impulsar esta transición inevitable para crear una visión de un tipo de economía diferente, basada en vías sostenibles de bajas emisiones de carbono, que gestione cuidadosamente los nuevos riesgos medioambientales y sociales.

Puede que los gobiernos se muestren reacios, pero las señales que instan a planificar el cambio provienen de muchas direcciones, como los mercados, la diplomacia climática, los sindicatos y los activistas. Algunos poderes públicos están incluso generando políticas de apoyo a las alternativas, como las estrategias de bioeconomía, entre ellos Costa Rica y Colombia. En 2022, es probable que veamos la urgencia de procesos de planificación orientados a transiciones inclusivas y justas. Dirigidos por los sindicatos y la sociedad civil, con el apoyo del mundo académico, estos debates tendrán que abordar una amplia gama de cuestiones entrelazadas: la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, la necesidad de diversificación económica, la ausencia de marcos normativos adecuados en torno al cierre de las minas, los derechos humanos y los riesgos laborales a medida que aumentan las presiones para reducir los costes y seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más restringido y los renovados y nuevos riesgos de la dependencia económica de las “nuevas” industrias extractivas.

Algunos países, como Sudáfrica, están avanzando ambiciosamente en la planificación de la transición justa. Otros países productores importantes, como Colombia, han mantenido debates mínimos sobre la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles a nivel nacional, aunque la preocupación aumenta en las regiones productoras de combustibles fósiles, que ven los cambios que se avecinan.

La transición energética trae consigo nuevas demandas de otros recursos extractivos, especialmente minerales y metales clave para las tecnologías de energías renovables, como las baterías para vehículos eléctricos y los materiales para los paneles solares. El Banco Mundial estima que en los próximos 30 años la producción mundial de minerales clave para las tecnologías con bajas emisiones de carbono aumentará aproximadamente un 500%. Las energías renovables necesitarán litio, cobalto, grafito, níquel, aluminio, plata y cobre.

Esto significa nuevas huellas ambientales y sociales que deben gestionarse mejor que las que dejaron las anteriores industrias extractivas. Los gobiernos que proponen la extracción de estos nuevos minerales como sector puntero para la recuperación económica han ofrecido hasta ahora pocas garantías, tanto para proteger a los líderes de la sociedad civil y sus comunidades que reclaman su derecho a la consulta como para proteger las tierras ancestrales, los medios de vida y los cursos de agua. Tampoco han tenido en cuenta las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático de estas nuevas actividades extractivas, que a menudo requieren considerables recursos hídricos y son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero.

La resistencia popular a los proyectos extractivos va en aumento y es probable que se incremente aún más a medida que aumente la demanda de los materiales necesarios para las energías renovables. Es probable que los grupos de la sociedad civil sigan presionando para conseguir una mayor transparencia y responsabilidad en el sector extractivo en 2022. Las preocupaciones son muy variadas, y abarcan los ingresos, los contratos y los procesos de consulta pública inclusivos, pero también la reducción de emisiones, la compensación de carbono, la reconversión laboral, el cierre de minas y los planes de rehabilitación medioambiental.

Por tanto, las empresas se enfrentarán a una presión cada vez mayor para reducir su impacto climático, adaptarse a las cambiantes condiciones sociales y medioambientales y mostrarse públicamente como socialmente responsables, todo ello sin dejar de ser competitivas. Al mismo tiempo, la creciente tendencia a la automatización hará que la contribución al empleo local de estas industrias sea cada vez más irrelevante o limitada.

¿Cuál es el camino a seguir? Los gobiernos nacionales y regionales tendrán que diversificarse. Los sectores sostenibles e intensivos en empleo, como la agricultura y las agroindustrias, tendrán una importancia creciente. De hecho, algunos gobiernos de la región, como Colombia, Costa Rica y algunas regiones de Brasil, han situado la bioeconomía como estrategia clave para la recuperación económica. Pero capitalizar el uso sostenible de la biodiversidad y la biomasa requerirá inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

Los gobiernos regionales y nacionales interesados en captar valor más allá de las exportaciones de materias primas tendrán que prestar aún más atención a la innovación. Los gobiernos tendrán que invertir en educación, investigación, infraestructuras, servicios públicos, capacidades empresariales e incentivos a la innovación, especialmente aprovechando los biorrecursos locales para generar impactos sostenibles a nivel de las economías locales y regionales. Es probable que luchen por ser competitivos a corto y medio plazo. Para alcanzar estos objetivos es necesario tener una visión aspiracional para generar empleo y nuevas empresas, reducir las desigualdades y ayudar a las personas a adquirir las habilidades necesarias para obtener mayores ingresos.

La pandemia puso de manifiesto los riesgos de retrasar una transición justa para abandonar las economías extractivas y de combustibles fósiles. Si las economías latinoamericanas y otras dependientes de los combustibles fósiles quieren crear las capacidades necesarias para trazar un nuevo futuro, ahora es el momento de empezar a invertir en esa dirección.